El creciente malestar de capas cada vez más amplias de la población está directamente relacionado con el aumento de las desigualdades. El endurecimiento de las condiciones de vida de una extensa mayoría de ciudadanos genera mucha desconfianza. La desconfianza en un sistema económico cuya injusticia es cada vez más evidente constituye el sustento principal del auge de la extrema derecha y los populismos. La democracia política pierde su razón de ser cuando no se corresponde con la democracia económica.
Uno de los indicadores del aumento de las desigualdades más injustificados es el incesante crecimiento de la brecha entre los sueldos de los altos directivos de las empresas y los salarios de los trabajadores. De acuerdo con Sandrine Dixson–Declève, copresidenta del Club de Roma (creado en 1968 por un centenar de científicos, economistas y expolíticos de más de 50 países), en 2022 los máximos ejecutivos de las empresas de Estados Unidos tuvieron unos sueldos 344 veces mayores que el obrero medio de sus respectivas compañías. Esta diferencia, injustificable desde todos los puntos de vista, incluido el económico, hay que compararla con la situación existente en 1965, cuando los sueldos de los directivos eran 21 veces superiores a los del trabajador medio.
El aumento disparatado de estas desigualdades se ha visto propulsado por la intensa concentración económica de las empresas, que ha conducido a la creación de gigantescas corporaciones. J. K. Galbraith ya advirtió en El Nuevo Estado Industrial, publicado en 1967, que uno de los motores que impulsaban la concentración empresarial era el interés de sus directivos, porque a mayores empresas era más fácil justificar mayores salarios. La realidad es que se trata de sueldos autoconcedidos por los propios directivos.
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La propuesta de la vicepresidenta del Club de Roma, explicada en el Financial Times, es triple: los Gobiernos deben intensificar la progresividad de los impuestos, (lo contrario de lo que está sucediendo); establecer un impuesto sobre la riqueza del 2%, que debería llegar hasta el 5% en el caso de los milmillonarios, y, en tercer lugar, impuestos a los beneficios caídos del cielo obtenidos por las compañías energéticas. Los impuestos a los superricos podrían generar unos ingresos de 5,2 billones de dólares, que son claves para corregir la crisis climática. Hay que tener en cuenta que el 10% de personas más ricas son responsables de la mitad de las emisiones de carbono globales.
La idea de gravar el capital y a las grandes empresas con distintas fórmulas ha sido intensamente defendida por destacados economistas como Thomas Piketty, Gabriel Zucman y Joseph Stiglitz. Esta idea cada vez está ganando más adeptos incluso dentro de los multimillonarios más conscientes de los efectos negativos de las desigualdades. En este sentido, es destacable la carta abierta enviada por 250 multimillonarios al Foro de Davos en la que instan a los líderes políticos a que obliguen a tributar más “a nosotros, a los más ricos”. La misiva, titulada Orgullosos de pagar más, advierte:“Si los representantes electos de las principales economías del mundo no toman medidas para hacer frente al drástico aumento de la desigualdad económica, las consecuencias seguirán siendo catastróficas para la sociedad”. Ningún empresario español aparece en la lista.
La valiosa iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz de “discutir sobre los elevadísimos salarios de muchos de los miembros de la dirigencia de las grandes compañías” ha provocado una airada respuesta de la patronal CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, ha hecho referencia “a un intervencionismo de república bananera que pone en peligro las inversiones”. La vicepresidenta ha puesto el dedo en la llaga al referirse a la necesidad de reducir distancias entre los que ganan mucho y los que menos ganan. Y ha subrayado el contraste entre los sueldos de los altos ejecutivos “con el 90% de los hogares de España que tiene como fuente principal de sus ingresos los salarios o pensiones”.
La reacción de la patronal deja al descubierto lo alejada que está de las preocupaciones de economistas destacados, instituciones como el Club de Roma y los empresarios más conscientes de los peligros de la desigualdad. Sus inquietudes se concentran en censurar al Gobierno por subir el salario mínimo el 5% en 2024, hasta los 1.134 euros mensuales. Definitivamente, España necesita otro tipo de empresarios.
