Las cúpulas judiciales son las principales aliadas de la banca y constituyen el principal instrumento para retrasar la aplicación del derecho europeo, mucho más protector de los ciudadanos en sus relaciones con las entidades financieras. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un dictamen el pasado marzo en el que se oponía al anteproyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para resolver extrajudicialmente los conflictos entre los bancos y sus clientes. El CGPJ, que lleva cinco años caducado, considera que el Gobierno “no puede crear instancias administrativas para resolver coactivamente controversias entre particulares regidas por el derecho privado, ya que ello comporta la invasión del espacio que la Constitución reserva en exclusiva al Poder Judicial”, una oposición con la que coincide la banca.
El anteproyecto ya va con mucho retraso, pues trata de transponer una directiva europea de 2013. La norma que propone el Gobierno establece que las resoluciones de la autoridad tendrán carácter vinculante cuando el importe reclamado sea inferior a los 20.000 euros. El organismo se financiará mediante una tasa que abonarán las entidades financieras y cuya cuantía dependerá del número de reclamaciones contra la entidad y de cuántas se resuelvan a favor de los clientes.
La autoridad integrará los servicios de reclamaciones de los supervisores que actualmente realizan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros. La novedad principal será que las resoluciones de la autoridad serán vinculantes, a diferencia de la situación actual, en que los supervisores no pueden imponerlas.
Lluvia de demandas
Sorprenden la postura del CGPJ en un país en que los juzgados que resuelven los litigios bancarios han estado colapsados ante la abundancia de reclamaciones por la infinidad y diversidad de abusos. Las cifras de demandas por irregularidades bancarias son abrumadoras. Desde 2017 hasta finales de 2023 se han presentado más de 850.000 asuntos en los juzgados especiales creados para los casos de cláusulas abusivas puestas por los bancos en los contratos con sus clientes. Estos juzgados especiales, de los que todavía quedan activos 11 de los 54 creados en 2017, tratan los asuntos relacionados con las cláusulas suelo, el vencimiento anticipado (desahucios), los intereses moratorios, los gastos de formalización de los préstamos y las hipotecas multidivisa. Hasta ahora se han resuelto 711.688 casos, según los datos del CGPJ.
El año con más asuntos fue 2018, nada menos que con 202.787. Desde este ejercicio el número ha ido disminuyendo hasta los 70.000 casos en 2023, con la esperanza de que los 11 juzgados que siguen funcionando tengan los días contados. Hay que recordar que los tribunales de primera instancia han dictado más de medio millón de sentencias condenatorias, que en el 97,8% de casos han sido favorables a los consumidores.
La conflictividad generada por los abusos bancarios es realmente exorbitante. En 2022, el último año del que hay cifras oficiales, el Banco de España recibió un total de 34.146 reclamaciones, que fueron rectificadas en el 83,7% por las entidades ya fuera por allanamiento, desistimiento o informes del supervisor favorable al cliente y aceptada por el banco. Hay que señalar, no obstante, que antes de poder acudir al Banco de España, los clientes deben presentar su queja al servicio de atención al cliente de la propia entidad. En 2022 se presentaron 840.311 reclamaciones, que los bancos resolvieron en contra de los clientes en el 65,6%.
Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero de la Universidad Carlos III, considera: “La creación de una autoridad administrativa independiente encargada de gestionar un sistema de resolución de controversias constituye un paso esencial para lograr seguridad jurídica en el mercado financiero”.
La resistencia de ciertos tribunales a aplicar la doctrina europea la hemos visto también en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha desoído al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al rechazar hacer fijos a tres empleados públicos. A diferencia de ciertos tribunales superiores, la mayoría de magistrados de primera instancia aplican directamente la normativa europea. Las nuevas generaciones, mayoritariamente femeninas, aplican con mayor determinación el derecho europeo. Es una esperanza.
