Probablemente, el mayor desconcierto para la mayoría de los ciudadanos deriva de la abierta discrepancia entre el aluvión de datos positivos relativos a la buena marcha de la economía en general y la persistencia de las difíciles condiciones de la vida real para la mayoría de los trabajadores.
Durante el mes de junio, los principales organismos nacionales e internacionales han revisado al alza los grandes indicadores económicos. Aseguran que la economía crece más de lo que se había previsto anteriormente, que el superávit de los intercambios con la Unión Europea se ha triplicado desde 2019, que las inversiones de capital extranjero han aumentado el 84% en los últimos tres años y que la entrada de turistas bate cifras récord.
Quizá el mejor indicador que refleja la situación actual es el contraste entre el fuerte crecimiento de los beneficios de las empresas (68%) y el incremento de las remuneraciones de los trabajadores, (5,9%) durante el primer trimestre, según el Banco de España. En el sector de la energía las ganancias crecieron el 140%.
Las estadísticas oficiales indican con precisión la realidad económica y social del país. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha certificado que hemos alcanzado el nivel de riqueza de 2019. Pero el exministro de Economía Carlos Solchaga ha recordado que tras esta reciente recuperación, la verdad es que estamos al mismo nivel de riqueza que en 2007. Nuestra realidad es que la renta per cápita española es el 17% inferior a la de la zona euro, cuatro puntos porcentuales menos que en 1978, pero ocho puntos más que en 2005, como ha apuntado el propio Banco de España.
Tres crisis
En el mismo sentido, la reciente Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, correspondiente al año 2021, refleja que la ganancia media anual por trabajador fue de 25.896 euros, prácticamente la misma que en 2008 en términos reales, es decir, si descontamos la inflación. El Gobierno de coalición ha adoptado políticas muy positivas como el aumento del salario mínimo del 47% en los últimos cinco años, la revalorización de las pensiones del 8,5% en 2023 y la creación del ingreso mínimo vital (IMV). No obstante, los resultados de este último han sido menores a los esperados. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido que el número de beneficiarios del IMV se mantiene en 284.000 hogares, el 35% de los 800.000 que podrían recibirlo. Unos 470.000 hogares, el 58% del total, no lo solicitaron y el 69% de las solicitudes fueron denegadas.
Estos datos ponen de relieve las dificultades para que la riqueza generada se distribuya de forma más justa entre toda la población y los apuros para reducir nuestra brecha de renta con los países europeos. Tres crisis sucesivas —financiera (2008), pandemia (2020) y guerra de Ucrania (2022)— han agravado las condiciones de vida de los más pobres. Según el Banco de España, solo el incremento de los tipos de interés de las hipotecas ha elevado en el 33% (380.000 familias) el número de hogares vulnerables, que ascienden a 1,5 millones. Especialmente preocupante es la situación de los menores. Un estudio de Save the Children indica que la pobreza infantil alcanza a 2,75 millones de niños y adolescentes.
Parece evidente que la capacidad de los gobiernos (europeo, central, autonómicos y municipales) resulta muy insuficiente para frenar la fuerte inercia hacia la desigualdad que impulsa el actual desarrollo del capitalismo en que los derechos sociales están seriamente amenazados.
Aunque la actual política económica europea es distinta a la austeridad a rajatabla aplicada tras la crisis financiera de 2008, las condiciones de vida de muchos europeos siguen siendo muy precarias. Ahora estamos ante otro tipo de austeridad. Se trata de un rigor inapelable dictado por el Banco Central Europeo con indiscriminadas subidas de los tipos de interés que castigan más a los más pobres. Además, la subida de los intereses entorpece una parte importante de la lucha contra el cambio climático al encarecer la financiación de la renovación energética de viviendas.
En Europa se han impuesto las tesis alemanas sobre las reglas fiscales, que implicarán más recortes de gasto público. Al mismo tiempo, acechan las amenazas a la integración europea por parte de Polonia y Hungría. La frágil coyuntura europea hace más relevante el mantenimiento de un gobierno progresista en España.
